El debate sobre la seguridad que ofrece internet está en el aire. Muchos son los que se preguntan si es demasiado fácil acceder a ciertos contenidos considerados poco apropiados y que en la mayoría de ocasiones no van acorde de todo aquel que navega por la red. En este sentido, la Universidad de Alicante, de la mano de Gladys Merma Molina, Marcos Gómez Puerta, Esther Chiner e Ines Lozano Cabezas, elaboró en 2016 un interesante estudio sobre los riesgos que entraña internet para las personas con discapacidad intelectual.
Dichas familias son las primeras en cuestionar la peligrosidad de internet, acrecentada con la aparición y expansión de más y más dispositivos que permiten conectarse con la herramienta sin el menor de los esfuerzos. En este sentido, la investigación destaca la “especial vulnerabilidad de este colectivo, debido, fundamentalmente, a su ingenuidad y credulidad social, incluso en la etapa adulta”.
Con el objetivo de responder a varias de estas incógnitas y arrojar un poco de luz a un tema ya de por sí bastante arduo, oscuro y sujeto a todo tipo de interpretaciones, Fundación Juan XXIII se apoya en la muestra, que contó con la participación de 66 profesionales y familiares de personas con discapacidad intelectual. Todas ellas, respondieron a un cuestionario al respecto del “uso, riesgos y seguridad en Internet de las personas con discapacidad intelectual”.
El resultado es bastante concluyente: el 96% de los encuestados cree que Internet es poco o nada seguro para las personas con discapacidad intelectual. Un 66% remarcan su inquietud en que estos utilicen su información personal de forma inapropiada. Por su parte, un (64%) expone su intranquilidad porque se les pidan fotografías; así como que puedan ser objetos de burla o desprecio. Un 49% de los participantes temen que pierdan dinero o sean excluidos o bloqueados en la red y, lo más llamativo de todo, un 60% confiesa no saber cómo afrontar todos los problemas que el uso de internet pueda ocasionarles, mientras que un 53% no se ve capaz de afrontarlo debidamente.
Como solución, el estudio recomienda en su conclusión la necesidad urgente de “poner en marcha programas de formación que preparen a las familias y profesionales para hacer frente a los riesgos que aparecen en Internet”.
La pregunta es clara: ¿es posible realizar estos programas? ¿Quién debe impartirlos? ¿Son necesarios personas cualificadas para tal fin o basta con las medidas y una mayor atención de las familias?
Interrogantes que, como siempre, en Fundación Juan XXIII Roncalli continuamos tratando de responder.