Cuando hablamos de economía y personas con discapacidad intelectual, una gran parte de la población directamente asume que las personas con capacidades necesitan a alguien que administre sus bienes.
Lo cierto es que hay una gran cantidad de personas con discapacidad que son totalmente independientes y autosuficientes, se han casado, trabajan y tienen hijos. Así que lo correcto es establecer ciertas diferencias según el tipo de discapacidad. Según la Ley española, cuando una persona presenta algún tipo de discapacidad que le impide ejercer su derecho físico a la gestión personal de sus bienes, puede contar con testigos o con alguien que ejerza de administrador. Una persona ciega, por ejemplo, necesitará varios testigos siempre que tenga que firmar una gestión importante ante notario. Del mismo modo, una persona con discapacidad intelectual puede necesitar este apoyo o no. Como sociedad tenemos que dar el paso definitivo en la integración de las personas con discapacidad. Porque muchas veces queremos ayudar y nuestras acciones son contraproducentes. ¿No es mejor invertir recursos en potenciar la autonomía de las personas que dar ayudas económicas sin control? Si conseguimos que todas las personas con capacidades diferentes que puedan trabajar se integren en el mercado laboral, no sólo crearemos riqueza en términos globales, sino que conseguiremos que estas personas sean menos dependientes del estado o de organismos privados. La gestión del patrimonio de una persona con discapacidad puede ser, en ocasiones, una tarea controvertida. Pero la única solución está en apoyar cada caso con unas medidas específicas; ayudando a las personas que necesiten a un gestor supervisando sus finanzas, pero sin olvidarnos de aquellas que su única carencia es la oportunidad de recibir una formación adaptada a sus necesidades. Al final del día, hablaremos de que la discapacidad es un tema superado cuando desaparezca la etiqueta de “discapacidad” y ayudemos solo a “personas”.
