El Parlamento Andaluz ha aprobado la norma que protege a las personas con discapacidad intelectual garantizándoles un 1% de las plazas de empleo público con sanciones de hasta 1 millón de euros para las administraciones que no lo cumplan.
Esta medida está destinada a mejorar la vida de más de 700.000 personas, y es que Andalucía ha visto como el número de personas dependientes o con algún tipo de discapacidad ha ido creciendo hasta llegar al 10% de su población. Esta nueva ley tiene un presupuesto de 1.300 millones de euros y está previsto que sirva para reorientar las actuaciones públicas del sector biosanitario, rehabilitador y todo el entorno que rodea al ámbito de las personas en riesgo de exclusión. Incluyendo el derecho a la atención infantil temprana con servicios sociales destinados a niños de entre 0 a 6 años. María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha señalado que: “la colaboración estrecha y permanente de las entidades y colectivos” así como el “el inicio de un nuevo camino que se suma al largo recorrido en la lucha por los derechos del colectivo”. Los cursos de formación profesional también guardarán plazas para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental. Otra de las partes más importantes de esta nueva ley es el aumento de la reserva de plazas para personas con discapacidad del 3 al 5% para los cursos de formación públicos, de los que también se va a empezar a reservar un 1% exclusivamente para personas con discapacidad intelectual. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la educación inclusiva de todas las personas, ya que la discapacidad intelectual es un tipo de problema que afecta de forma especial en entornos competitivos como es el de las oposiciones para el empleo público o la formación profesional.
