¿Qué son los criterios ESG y cómo gestionarlos?

Las siglas se han vuelto habituales en informes de empresas, en memorias de sostenibilidad y en artículos sobre inversión responsable, aunque no siempre está claro qué hay detrás de cada letra. ESG responde a los términos ingleses Environmental, Social and Governance, es decir, medioambiental, social y de gobierno corporativo, y agrupa el conjunto de criterios con los que se evalúa el desempeño no financiero de una organización.

La dimensión ambiental mide el impacto directo e indirecto de la actividad empresarial sobre el entorno natural, desde las emisiones y el consumo energético hasta la gestión del agua y los residuos. En este terreno encajan modelos de economía circular que buscan reducir el uso de recursos y alargar la vida útil de los materiales dentro del ciclo productivo de la empresa.

La dimensión social abarca la relación con las personas y con la comunidad, incluyendo la salud laboral, la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor. La dimensión de gobierno corporativo cubre la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción, aspectos que marcan la confianza de inversores y clientes en una estrategia de ESG y RSC coherente y verificable.

Es habitual encontrar ambos términos usados casi como sinónimos, aunque conviene matizar en qué se parecen y en qué se separan. La Responsabilidad Social Corporativa nació para describir el compromiso voluntario de las empresas con la sociedad y el entorno, mientras que los criterios ESG surgieron en el ámbito de la inversión como una forma de medir ese compromiso con indicadores concretos y comparables.

En la práctica se refuerzan mutuamente. La RSC marca la vocación y las iniciativas, mientras que los criterios ESG aportan el marco para estructurar, medir y reportar los avances. En España, la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad obligó a determinadas empresas a publicar un estado de información no financiera, un paso que luego ha reforzado la Directiva europea 2022/2464, conocida como CSRD, con los estándares comunes ESRS para toda la Unión Europea.

Trabajar bajo este marco permite a las empresas integrar su discurso de responsabilidad con proyectos reales en el territorio. Colaborar con una entidad social como la Fundación Juan XXIII facilita cerrar ese círculo, porque aporta programas con resultados verificables en la comunidad y datos que se pueden incorporar al reporte anual sin inflar cifras ni recurrir a relatos genéricos.

De las tres letras del ESG, la S suele ser la que más cuesta aterrizar en acciones medibles porque abarca realidades muy diversas, desde la gestión de personas hasta la relación con la comunidad y la cadena de suministro. Un enfoque útil es traducirla en programas concretos con indicadores claros y con socios que aporten experiencia en los colectivos a los que la empresa quiere llegar.

La inclusión laboral de personas con discapacidad es una de las vías más tangibles. El Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba el texto refundido de la ley general de discapacidad, fija la cuota de reserva del dos por ciento de la plantilla en las empresas de cincuenta o más trabajadores y marca el punto de partida de cualquier política seria de inclusión sociolaboral dentro de la dimensión social.

Para hacerla efectiva existen fórmulas respaldadas por la normativa. El Real Decreto 870/2007 regula el programa de empleo con apoyo, que combina la contratación en el mercado ordinario con el acompañamiento de un preparador laboral especializado. Cuando la incorporación directa no es viable, el Real Decreto 290/2004 regula la figura del enclave laboral, que permite a un centro especial de empleo desarrollar una actividad concreta dentro de la empresa cliente.

La dimensión ambiental es la más visible en los medios y, muchas veces, también la más expuesta al lavado verde. Para que las acciones generen impacto real conviene estructurarlas dentro de un plan con indicadores reconocidos y marcos como los estándares GRI del Global Reporting Initiative o las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Las medidas más extendidas pasan por reducir el consumo energético, apostar por fuentes renovables como la instalación de paneles solares, gestionar el agua con criterios de eficiencia y minimizar la generación de residuos. En paralelo cobran peso los enfoques de economía circular, que replantean procesos para que los materiales se reutilicen, se reparen o se reciclen dentro del mismo sistema productivo.

A estas acciones internas se suma el trabajo con la cadena de suministro, donde los criterios ambientales entran en los pliegos de compra y en la evaluación de proveedores. Incorporar servicios con impacto social y ambiental, como los proyectos de diseño de jardines y huertos o campañas de reforestación con entidades del tercer sector, permite combinar la mejora ambiental con beneficios sociales medibles para la empresa.

Las ventajas de un enfoque ESG se perciben a corto plazo en algunos aspectos y a largo plazo en otros, y conviene mirarlos juntos para entender por qué cada vez más consejos de administración lo sitúan como prioridad. La gestión con criterios ESG es, antes que nada, una forma de proteger el valor de la empresa frente a riesgos regulatorios, reputacionales y operativos cada vez más presentes en todos los sectores.

En el plano financiero, los fondos de inversión que aplican criterios ESG en su selección de activos han crecido con fuerza en los últimos años, lo que facilita el acceso a capital para las empresas que acreditan avances reales. En el plano comercial, los consumidores valoran cada vez más la coherencia entre lo que una marca dice y lo que hace, y un plan sólido de ESG y RSC refuerza la fidelización y el valor percibido del producto o servicio.

En el plano interno, trabajar con criterios ESG mejora el clima laboral y la propuesta de valor al empleado, especialmente entre las generaciones más jóvenes que buscan trabajar en organizaciones alineadas con sus valores. Sumar aliados del tercer sector permite dar continuidad a los proyectos, generar impacto medible y mantener la trazabilidad necesaria para incorporar los resultados al informe de sostenibilidad anual.