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¿Qué dice la ley sobre el empleo para personas con discapacidad?

¿Qué dice la ley sobre el empleo para personas con discapacidad?

El derecho al empleo es un derecho para todos y, por tanto, las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas. A pesar de ello, la tasa de desempleo entre la población activa con discapacidad (en edad de trabajar, y con disposición y disponibilidad para ello) sigue siendo superior a la tasa de desempleo de la población general.

Para revertir esta desigualdad, la ley ha ido recogiendo sucesivas fórmulas que fomentan el empleo de las personas con discapacidad.

 

Empleo y personas con discapacidad, un derecho constitucional

 

El artículo 49 de la Constitución fue un gran avance en la protección de las personas con discapacidad. Las reconoció constitucionalmente y diseñó un ámbito concreto de protección de sus derechos.

En 2021 se reformuló este artículo para adaptarlo a las Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y a un nuevo lenguaje más inclusivo, que además hace más énfasis en sus derechos, como el derecho al trabajo

El nuevo artículo 49 reconoce a las personas con discapacidad como titulares de sus derechos y deberes, unos derechos y deberes que además deben gozar de protección reforzada. Además, insta a los poderes públicos a poner en marcha las políticas necesarias para garantizar la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, siempre respetando su libertad de elección y preferencias.

 

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De la LISMI a la LGD

 

Para hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad, también se necesitan normativas que aborden terrenos específicos, como el derecho al empleo

Con este objetivo se redactó la ley LISMI (1982), la primera ley española que  dio un marco jurídico a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, estableciendo por primera vez la obligación para las empresas (de 50 o más empleados) de reservar un 2% de sus puestos de empleo para personas con discapacidad.

Posteriormente, y ante la dificultad de muchas empresas para cumplir la cuota, se aprobó el Real Decreto 27/2000, que establecía una serie de medidas alternativas para que las empresas pudiesen favorecer la inclusión laboral. Después, el Real Decreto 290/2004 sumó a las medidas alternativas una más: el enclave laboral.

Pero no es hasta el año 2013 cuando entra en vigor una de las leyes más importantes para proteger el empleo de las personas con discapacidad, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, conocida habitualmente como Ley General de Discapacidad o LGD.

 

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¿En qué consiste la Ley General de Discapacidad?

 

La Ley General de Discapacidad o LGD regulariza, armoniza e integra gran parte de la  normativa anterior. De igual manera que la antigua LISMI, obliga a que las empresas públicas o privadas con 50 o más trabajadores tengan al menos un 2% de trabajadores en su plantilla con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

También recoge una serie de medidas alternativas que permiten cumplir con la ley a las empresas que no pueden llevar a cabo la contratación directa, estableciendo también los supuestos en los que pueden recurrir a ellas. Estas medidas alternativas son:

  • Contratar un autónomo con discapacidad o un Centro Especial de Empleo (CEE)  para adquirir materias primas, bienes, equipos o maquinarias.
  • Contratar un autónomo con discapacidad o un CEE para que desarrollen algunos servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
  • Por medio de un Enclave Laboral donde un grupo de trabajadores con discapacidad de un CEE asiste de forma temporal a la empresa.
  • Hacer donaciones o patrocinio a entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a la inclusión laboral de personas con discapacidad.

A pesar de todo, un gran porcentaje de las empresas españolas no cumple esta ley, exponiéndose a graves sanciones y multas. En 2019 una encuesta estimaba que solo el 19% de las empresas que deben acatar la normativa (es decir, con 50 o más empleados) lo hacía, en gran medida a causa del desconocimiento.

Como conclusión, podemos decir que aunque se han derribado muchas barreras en el empleo de personas con discapacidad, todavía queda mucho que recorrer para conseguir un mercado laboral inclusivo.

En FUNDACIÓN JUAN XXIII llevamos más de 55 años trabajando para la inclusión laboral de las personas con discapacidad y ayudando a las empresas a cumplir con la Ley General de Discapacidad

En nuestro blog puedes aprender más sobre nuestros proyectos sociales y servicios para empresas. Te invitamos a que sigas leyendo para saber más acerca de todas las ventajas de construir una sociedad y un mercado laboral que dé cabida a todas las personas.

 

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