5 claves para desarrollar una estrategia ESG

Detrás de estas tres letras hay un cambio de fondo en la forma de entender el papel de la empresa dentro de la sociedad. Una estrategia ESG agrupa las decisiones que una organización toma en materia ambiental, social y de gobierno corporativo para operar con criterios de sostenibilidad y responsabilidad que van más allá de la cuenta de resultados.

Su relevancia ha crecido de la mano de la regulación. La Directiva europea 2022/2464 de información corporativa sobre sostenibilidad, conocida como CSRD, ha ampliado el número de empresas obligadas a reportar y ha unificado los criterios a través de los estándares ESRS. Para muchas compañías eso significa que su plan de ESG y RSC deja de ser un ejercicio voluntario y pasa a formar parte de sus obligaciones de transparencia.

Más allá del cumplimiento, un enfoque ESG bien planteado mejora el acceso a financiación sostenible, refuerza la reputación ante clientes e inversores y atrae talento comprometido con los valores de la organización. También abre la puerta a colaborar con entidades del tercer sector como la Fundación Juan XXIII, que aportan experiencia contrastada en el pilar social y ayudan a convertir la estrategia en impacto medible.

El punto de partida rara vez es una gran declaración pública, sino un ejercicio interno de honestidad. Antes de fijar objetivos o comprometerse con estándares conviene revisar dónde está la empresa en términos ambientales, sociales y de gobierno, con datos reales sobre consumo energético, composición de la plantilla, cadena de suministro y prácticas de gobernanza.

Con ese diagnóstico sobre la mesa toca priorizar. Aquí resulta útil un análisis de doble materialidad, que es el enfoque que exige la CSRD para identificar qué asuntos son relevantes tanto por su impacto en el negocio como por el impacto que la empresa genera en el entorno. En muchos sectores esa lista incluye la transición energética, la gestión responsable del agua o el paso hacia modelos de economía circular en la producción y en la gestión de residuos.

Definidas las prioridades, la estrategia se completa con un plan de acción con métricas, responsables y plazos. Contar con aliados que ya trabajan en el territorio y con los colectivos en los que se quiere generar impacto acorta la curva de aprendizaje. Firmar convenios con entidades sociales o incorporar sus servicios de ESG y RSC permite que la parte social del plan avance con criterios profesionales desde el primer mes.

De las tres letras del ESG, la S suele ser la que más cuesta traducir a acciones concretas y medibles. La dimensión social abarca la gestión de personas, la diversidad e inclusión, la salud y seguridad en el trabajo, la relación con la comunidad y el respeto a los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor.

Una vía muy tangible para dar contenido a este pilar es la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. En España, el Real Decreto 870/2007 regula el programa de empleo con apoyo, un modelo respaldado por evidencia internacional que combina la contratación en el mercado ordinario con el acompañamiento de un preparador laboral especializado durante el proceso de adaptación al puesto.

Cuando la incorporación directa no es posible por la fase de crecimiento de la empresa o por el tipo de puesto, la normativa contempla otras fórmulas como el enclave laboral, regulado por el Real Decreto 290/2004. Esta figura permite que un centro especial de empleo desarrolle una actividad concreta dentro de las instalaciones de la empresa cliente, generando puestos reales para personas con discapacidad sin renunciar a los estándares de calidad del servicio.

El marco normativo ha evolucionado mucho en los últimos años y conviene tenerlo claro antes de definir cómo se va a comunicar la estrategia. La Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad fue el primer texto que obligó en España a determinadas empresas a publicar un estado de información no financiera dentro de su informe de gestión.

A ese punto de partida se suma ahora la CSRD, la directiva europea que amplía el ámbito de aplicación y fija los ya citados estándares ESRS como referencia común para el reporte de sostenibilidad. En el terreno social, la ley general de discapacidad, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, mantiene la obligación de reservar el dos por ciento de la plantilla a personas con discapacidad en las empresas de cincuenta o más trabajadores.

Cuando la contratación directa no es viable, el Real Decreto 364/2005 regula las llamadas medidas alternativas, entre las que se encuentra la contratación de bienes y servicios a centros especiales de empleo o las donaciones a fundaciones dedicadas a la inclusión sociolaboral. Trabajar con proveedores del tercer sector, como los servicios de ESG y RSC que ofrece la Fundación Juan XXIII, permite cumplir con estas obligaciones y sumar impacto social verificable al reporte anual.

La medición es la parte que separa una estrategia sólida de una operación de imagen. Sin indicadores claros resulta imposible saber si las decisiones están generando el cambio previsto o si conviene ajustar el rumbo, y también complica la rendición de cuentas ante inversores, clientes y equipos internos.

En el terreno ambiental y de gobierno, los marcos más extendidos son los estándares GRI del Global Reporting Initiative, las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures y, cada vez más, los ESRS derivados de la CSRD. Todos ellos ayudan a estructurar los datos sobre emisiones, consumo de recursos, prácticas de gobernanza o gestión de riesgos climáticos, y encajan bien con proyectos como los de economía circular que muchas empresas están incorporando a sus procesos.

En la dimensión social, los indicadores más utilizados son el número de personas contratadas en programas de inclusión, las horas de voluntariado corporativo, la inversión en formación o el volumen de servicios adjudicados a entidades del tercer sector. Contar con aliados como los que gestionan proyectos de ESG y RSC facilita disponer de datos verificables para incorporar al informe de sostenibilidad y respaldar cada cifra con evidencias del trabajo realizado sobre el terreno.