Los contratos públicos para el mantenimiento de las zonas verdes suponen una de las herramientas clave en la gestión urbana hoy en día.
Aunando sostenibilidad, inversión pública y, en muchos casos, también inclusión laboral, este modelo de contrato se enfrenta hoy a un reto importante: cómo garantizar la calidad y la continuidad de los servicios de jardinería pública en un contexto de envejecimiento de las plantillas, dificultades de relevo generacional y creciente complejidad de los espacios verdes urbanos.
La tendencia es clara: las administraciones son cada vez más conscientes del papel que juegan en fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo a través de sus inversiones, además de en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, incorporar criterios ambientales y sociales en los contratos públicos se ha consolidado como una herramienta fundamental para un futuro más social y ético.
Desde nuestra experiencia gestionando servicios de jardinería inclusiva para el sector público y privado, y ejecutando obras verdes con garantías técnicas, compartimos algunas reflexiones sobre los principales retos y tendencias que afronta hoy el mantenimiento de las zonas verdes públicas. Estas reflexiones no nacen únicamente de nuestra práctica, sino también del diálogo mantenido durante la jornada Jardinería Pública Regenerativa e Inclusiva, organizada por Fundación Juan XXIII, en la que participaron responsables municipales, empresas adjudicatarias y entidades especializadas en inclusión laboral. Uno de los principales consensos alcanzados fue que la inclusión solo puede consolidarse si se apoya en la profesionalización, la colaboración entre administraciones, empresas y Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS), y una contratación pública capaz de incorporar criterios sociales con seguridad jurídica.
Como hemos planteado más arriba, los contratos públicos se enfrentan actualmente a retos como un relevo generacional, obras cada vez más complejas y, a la par, la necesidad de seguir cumpliendo con su rol clave para la inclusión laboral y la sostenibilidad.
Frente a esto, aparecen los siguientes tres pilares fundamentales para seguir avanzando:
La inclusión solo funciona cuando se apoya en metodologías claras, formación específica, acompañamiento psicosocial y estructuras capaces de responder a las exigencias técnicas del contrato. No basta con la voluntad: es necesario contar con recursos especializados que permitan mantener la productividad, la seguridad y la continuidad del servicio.
Es más, nuestros indicadores y casos de éxito muestran claramente que los criterios de accesibilidad e inclusión laboral mejoran los proyectos de naturación urbana a muchos niveles.
Algo que aplica incluso en obras verdes de alta complejidad, como la planificación y ejecución con garantías técnicas de jardines verticales o la ejecución de cubiertas verdes con controles técnicos.
La experiencia demuestra que la administración, las empresas adjudicatarias y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) desempeñan funciones complementarias. La administración establece el marco de contratación; las empresas aportan su capacidad técnica y operativa; y los CEEIS facilitan la incorporación y el acompañamiento de los equipos inclusivos. Cuando estos tres actores trabajan coordinadamente, la inclusión deja de ser una carga para convertirse en una herramienta de mejora del servicio.
Una realidad que se apoya en nuestra dilatada experiencia trabajando en empleo inclusivo y desarrollando cuadrillas especializadas en jardinería: el éxito no depende únicamente de incorporar personas con discapacidad en los contratos públicos, sino de contar con una estructura profesional capaz de convertir esa inclusión en un servicio excelente.
La consolidación del modelo requiere que los contratos incorporen cláusulas sociales claras, recursos específicos para el acompañamiento y sistemas de evaluación que permitan medir tanto la calidad del mantenimiento como el impacto social generado. Disponer de indicadores comunes de productividad, estabilidad laboral, autonomía o satisfacción ciudadana permite justificar las inversiones, mejorar los servicios y facilitar la extensión del modelo a nuevos contratos.
La conclusión es clara: la jardinería pública inclusiva no debe entenderse como una experiencia puntual ni como una acción social complementaria, sino como una forma de gestionar los espacios verdes que integra excelencia técnica, sostenibilidad e inclusión laboral. El reto ahora es seguir avanzando en modelos de contratación que permitan consolidar esta evolución y convertirla en una práctica habitual dentro de la gestión del verde urbano.
Estos tres pilares actúan en sinergia creando una nueva etapa en torno a los contratos públicos sostenibles e inclusivos. Al aplicarlos en iniciativas reales de diseño de jardines y huertos inclusivos que ya están en marcha, la jardinería pública inclusiva ya no se comprende como una experiencia piloto o una acción social complementaria: hoy aparece como un modelo profesional con entidad propia, consolidado y capaz de aportar valor ambiental, social y operativo a los contratos públicos.