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Desde el año 2013 existe la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad o, como todos la conocemos, Ley General de Discapacidad (LGD). Esta ley vino a sustituir la antigua LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), logrando aunar en un solo texto las diversas leyes y decretos existentes hasta ese momento relativas a los derechos de las personas con discapacidad.
La LGD no solo integró esas normativas, sino que introdujo algunas diferencias respecto a la LISMI, ampliando el marco legal para la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad.
La LGD regula 5 grandes ámbitos que son el derecho a la igualdad, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la participación en asuntos públicos.
Derecho a la igualdad
En la LGD se establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de igualdad de oportunidades y de trato que las demás.
En este sentido, las instituciones públicas están en la obligación de velar porque las personas con discapacidad puedan ejercer por sí mismas sus derechos, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y de la erradicación de toda forma de discriminación.
En la LGD es especialmente importante el derecho a la autonomía. Las personas con discapacidad tienen tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida, a desarrollar su personalidad y a participar en la sociedad.
Derecho al trabajo
El mayor avance en derechos para personas con discapacidad que se encuentra en la LGD se refiere a la materia laboral. La normativa establece el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y a la igualdad de trato en el trabajo.
Para garantizar el derecho al trabajo, la LGD indica que las empresas o instituciones, públicas o privadas, con 50 o más trabajadores tendrán que reservar una cuota del 2% de su plantilla para contratar a personas con discapacidad.
Esta norma ya existía en la antigua LISMI, pero era reiteradamente incumplida. Por eso, en la LGD se crean las llamadas medidas alternativas. De este modo, las empresas que no pueden llevar a cabo la contratación directa pueden cumplir la ley y fomentar el empleo de las personas con discapacidad de otro modo.
Te lo explicamos de forma gráfica y sencilla en este diagrama:
Así, los CEE se destacan como una medida eficaz para que los trabajadores con discapacidad vean reconocido su derecho al trabajo. Como empresas de empleo protegido que son, su plantilla debe estar compuesta por más de un 70% por personas con discapacidad.
En FUNDACIÓN JUAN XXIII podemos ayudar a tu empresa a contratar al mejor talento para tu plantilla o a cumplir la ley mediante cualquiera de las medidas alternativas, ya que contamos con nuestro propio CEE.
Además, tenemos muchos proyectos en marcha destinados a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, principalmente intelectual, que necesitan de financiación.
Derecho de salud
La LGD indica que las personas con discapacidad tienen el derecho a la protección de la salud, incluyendo la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad y prestando especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva.
Esta ley también establece que las administraciones públicas y los sujetos privados deben prestar atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación sanitaria general y sectorial vigente.
Derecho a la educación
La LGD establece que las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tienen derecho a la gratuidad de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales.
La normativa también establece que las instituciones públicas deben asegurar el acceso a la educación de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las diferentes necesidades educativas según el tipo de discapacidad que presente la persona.
Derecho a la participación en asuntos públicos
Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida política y en las elecciones en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Las asociaciones de personas con discapacidad también participarán en las instituciones públicas para dar sus opiniones y proponer.
En FUNDACIÓN JUAN XXIII llevamos más de 50 años trabajando por la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, luchando para hacer valer sus derechos.
Si tienes una empresa y quieres contribuir a que las personas con discapacidad vean cumplido su derecho al trabajo, podemos ayudarte a hacer realidad la inclusión laboral en tu empresa. También podemos ayudarte a cumplir con la LGD mediante una de las medidas alternativas, gracias a nuestro Centro Especial de Empleo.
