¿Qué son las inversiones basadas en criterios ESG?

La idea aparece cada vez con más frecuencia en memorias de fondos, en informes de gestoras y en el discurso de los grandes inversores institucionales. Las inversiones ESG, también conocidas como inversión sostenible y responsable, son aquellas en las que, además del análisis financiero tradicional, se incorporan tres variables al proceso de selección de activos: la ambiental, la social y la de gobierno corporativo.

Su origen más reconocido se encuentra en los Principios para la Inversión Responsable impulsados por Naciones Unidas en 2006. El principio número uno pide integrar las cuestiones ESG en el análisis y en las decisiones de inversión, un planteamiento que después ha calado en el marco europeo con el Reglamento 2019/2088 sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero, conocido como SFDR.

Este enfoque mira a largo plazo y entiende que una empresa que gestiona bien su impacto ambiental, su relación con las personas y su gobernanza interna tiene menos riesgos y más capacidad de generar valor sostenido. Trabajar con criterios de ESG y RSC ya no es un ejercicio reputacional, sino un elemento que los analistas tienen en cuenta a la hora de evaluar la solidez de un negocio.

El factor ambiental es el que primero asocia la mayoría de personas con el concepto ESG, aunque sus implicaciones van mucho más allá del cambio climático. Dentro de esta dimensión se evalúan todas las variables que relacionan la actividad de la empresa con el entorno natural, tanto en sus operaciones directas como en toda su cadena de valor y en el ciclo de vida de sus productos.

Entre los indicadores habituales están las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y energía, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad y el uso responsable de los recursos naturales. En el marco europeo, el Reglamento 2020/852 sobre taxonomía establece una clasificación común para identificar qué actividades económicas se pueden considerar sostenibles desde el punto de vista ambiental, un referente clave para los fondos ESG.

Para mejorar este factor, las empresas apuestan por modelos de economía circular que reducen el uso de materias primas, por fuentes renovables para cubrir sus necesidades energéticas y por proyectos que compensen la huella de carbono. Iniciativas como huertos urbanos, cubiertas vegetales o sistemas de recuperación del agua suman valor cuando se integran dentro de una estrategia medible y verificable.

El factor social es el que más dificultades suele plantear a la hora de medirse porque abarca realidades muy diversas, desde la gestión de personas hasta la relación con la comunidad y con los proveedores. En esta dimensión se evalúan aspectos como la salud y seguridad en el trabajo, la diversidad, la igualdad de oportunidades, la formación interna y el respeto a los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de valor.

Una vía con respaldo normativo claro es la inclusión laboral de personas con discapacidad. El Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba el texto refundido de la ley general de discapacidad, fija la cuota de reserva del dos por ciento de la plantilla en empresas de cincuenta o más trabajadores y marca una referencia que los analistas ESG incorporan a sus valoraciones del pilar social.

Para hacer efectivo este compromiso existen fórmulas respaldadas por la normativa, como el programa de empleo con apoyo regulado por el Real Decreto 870/2007, que combina la contratación en el mercado ordinario con el acompañamiento de un preparador laboral. Contratar servicios profesionales a entidades del tercer sector que emplean a personas en situación de vulnerabilidad también suma impacto social verificable al informe anual.

El pilar de gobierno es el que a veces pasa más desapercibido en el discurso público, pero suele ser determinante para los analistas de inversión responsable. Aquí se analiza la estructura de dirección de la empresa, la composición y la independencia del consejo de administración, las políticas de retribución de directivos, los controles internos y la transparencia en la toma de decisiones.

Entre los aspectos más relevantes están la ética empresarial, la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y la gestión de conflictos de interés. En España, el Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recoge recomendaciones de referencia, mientras que la Ley 11/2018 obligó a ciertas empresas a publicar información no financiera que incluye cuestiones de gobernanza.

Un gobierno corporativo sólido se traduce en menos sorpresas desagradables para el inversor y en una mejor gestión de los riesgos a largo plazo. Las políticas de ESG y RSC de las empresas que apuestan por la transparencia incorporan auditorías externas, canales de denuncia, códigos éticos vinculantes y una rendición de cuentas pública que refuerza la confianza del mercado.

El auge de las inversiones ESG no es una moda pasajera, sino una tendencia respaldada por datos del propio sector financiero y por un marco regulatorio europeo cada vez más exigente. Los activos bajo gestión en fondos sostenibles han crecido con fuerza en los últimos años, y organismos como la Autoridad Europea de Valores y Mercados publican informes periódicos que confirman esta trayectoria.

El empuje regulatorio ha venido de la mano del paquete europeo sobre finanzas sostenibles, con el ya citado SFDR y el Reglamento 2020/852 sobre taxonomía como piezas centrales. A estos textos se suma la Directiva europea 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, conocida como CSRD, que amplía el número de empresas obligadas a reportar y unifica los estándares con los ESRS.

En paralelo, muchos inversores perciben que las empresas con buenas prácticas ESG gestionan mejor sus riesgos y están preparadas para captar las oportunidades de la transición ecológica y social. Trabajar de la mano de entidades del tercer sector como la Fundación Juan XXIII ayuda a dar contenido real al pilar social del plan y a aportar datos verificables que refuerzan la calificación ESG de la empresa frente a sus analistas y financiadores.