Compromiso RSE: cómo pasar del papel a la práctica

La duda surge en muchas empresas que ya tienen un código ético publicado en su web y aun así sienten que sus acciones no llegan a marcar diferencia. El compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial es la asunción activa por parte de la organización de sus impactos económicos, sociales y ambientales, con decisiones concretas que se pueden medir y verificar a lo largo del tiempo.

La Comisión Europea define la RSE como la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad, un enfoque que se refleja en su Comunicación de 2011 y que ha ido consolidándose en normas posteriores. En España, la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad obliga a determinadas compañías a rendir cuentas sobre sus políticas sociales, ambientales y de personal, y encaja bien con proyectos vinculados a la economía circular o a la inclusión sociolaboral.

La diferencia entre una declaración y un compromiso real está en la trazabilidad. Un plan de ESG y RSC bien diseñado incluye objetivos, responsables, plazos e indicadores públicos, de modo que cualquier persona interesada pueda seguir la evolución y comprobar si los avances anunciados se están cumpliendo o si conviene ajustar el rumbo.

Muchas organizaciones descubren que la parte más difícil de una estrategia RSE no está en el papel, sino en lograr que las personas de la plantilla la vivan como algo propio. La integración cultural exige coherencia entre lo que la empresa dice hacia fuera y lo que ocurre dentro, en cada decisión de negocio y en cada relación con los equipos.

Un camino con resultados contrastados es diseñar actividades de voluntariado corporativo y jornadas de sensibilización que pongan a la plantilla en contacto directo con la realidad social. La Ley 45/2015 de Voluntariado ofrece el marco legal para articular la participación de los equipos, y las alianzas con entidades como la Fundación Juan XXIII facilitan que estas jornadas se traduzcan en experiencias reales y no en actos aislados sin continuidad.

Además de las actividades puntuales, la cultura se refuerza con procesos internos que premian la conducta responsable en la evaluación del desempeño, en la promoción interna y en la elección de proveedores. Cuando la empresa incorpora servicios de ESG y RSC prestados por el tercer sector en su operativa diaria, el compromiso deja de estar en el discurso y se convierte en parte natural de la forma de trabajar.

Trasladar la responsabilidad social a proveedores y socios es una de las asignaturas pendientes de muchas empresas porque implica revisar contratos, procesos de compra y criterios de selección que muchas veces llevan años funcionando por inercia. Sin embargo, este paso es clave, ya que gran parte del impacto ambiental y social de una organización se genera fuera de sus muros.

La Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas y la Ley 5/2011 de Economía Social respaldan la contratación de proveedores del tercer sector en condiciones favorables, y las reservas de contratos previstas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permiten al ámbito público reservar determinados contratos a centros especiales de empleo. Una vía muy concreta es incorporar en la cadena servicios profesionales de logística y supply chain prestados por entidades que emplean a personas con discapacidad.

Existen otros procesos donde la sustitución de proveedores por operadores sociales resulta natural, como la gestión documental y BPO, el packaging o el catering. Al establecer criterios de RSE en los pliegos de compras y auditar el cumplimiento de forma periódica, la empresa alinea a toda su cadena con los valores que declara y multiplica el impacto de su estrategia social.

Los eventos internos y externos concentran mucho presupuesto y visibilidad, y por eso son una oportunidad para demostrar que el compromiso RSE llega hasta el último detalle. La coherencia entre lo que la empresa comunica y cómo organiza sus eventos es una de las primeras cosas que perciben clientes, empleados y medios cuando acuden a una convocatoria.

Trabajar con proveedores inclusivos es la palanca más directa. Contratar un servicio de catering y comida preparada prestado por un centro especial de empleo o encargar el merchandising a una entidad social permite generar puestos de trabajo para personas con discapacidad sin renunciar a la calidad del servicio y aporta un relato coherente a la comunicación del evento.

A esto se suman otras decisiones de gestión, como la elección de espacios accesibles, la reducción de residuos o la compensación de la huella de carbono asociada a la logística. Encajar estas medidas dentro de un plan más amplio de ESG y RSC evita que queden como acciones sueltas y las convierte en parte de una historia coherente que se puede reportar cada año.

La medición es lo que permite que la RSE deje de ser un concepto abstracto y se convierta en información útil para el consejo, los inversores y el equipo. Sin indicadores claros resulta imposible saber si las acciones están funcionando ni justificar la inversión ante quienes piden rendición de cuentas dentro y fuera de la organización.

Los marcos más extendidos para estructurar el reporte son los estándares GRI del Global Reporting Initiative y los ESRS derivados de la Directiva europea 2022/2464, conocida como CSRD, que amplía el número de empresas obligadas a publicar información de sostenibilidad. En el pilar social conviene incluir indicadores como el número de personas contratadas al amparo de la ley general de discapacidad o el volumen de compras adjudicado a centros especiales de empleo.

La comunicación de resultados debe ser tan rigurosa como la medición. Publicar una memoria anual, someterla a verificación externa y compartir avances y retos abiertamente es lo que consolida la confianza de los grupos de interés. Contar con aliados que aportan datos verificables de sus servicios de ESG y RSC facilita que cada cifra del informe se apoye en evidencia y en trabajo real sobre el terreno.